El Perú atraviesa nuevamente un momento crítico en su historia política. El Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte el 10 de octubre de 2025, alegando incapacidad moral permanente, tras meses de escándalos, crisis de seguridad y protestas sociales. En su lugar, asumió la presidencia el hasta entonces titular del Congreso, José Jerí, quien enfrenta el desafío de restablecer la estabilidad institucional y conducir al país hacia las elecciones generales de 2026. El nuevo gobierno hereda un escenario de inseguridad, desconfianza ciudadana y polarización política, mientras crece la presión social desde distintas regiones del país.
1. La vacancia de Dina Boluarte: el desenlace de una crisis anunciada
El Congreso peruano aprobó con 124 votos la vacancia de Dina Boluarte, tras una serie de denuncias por corrupción, fallas en la gestión de seguridad ciudadana y pérdida total de respaldo político.
Entre los detonantes figuran:
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El caso “Rolexgate”, vinculado al uso de relojes de lujo no declarados.
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La ola de violencia e inseguridad ciudadana, que alcanzó niveles alarmantes.
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Acusaciones de abuso de poder y encubrimiento en la administración pública.
Su salida marca el final de una presidencia impopular, con índices de aprobación inferiores al 5 %, y simboliza la continuidad del ciclo de inestabilidad que ha caracterizado al Perú en los últimos años.
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2. José Jerí asume la presidencia interina
Tras la vacancia, José Jerí, presidente del Congreso, juró como nuevo jefe de Estado interino. Su mandato provisional deberá asegurar la transición democrática hasta las elecciones generales programadas para abril de 2026.
Entre los principales desafíos que enfrenta destacan:
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Recuperar la legitimidad institucional frente a una ciudadanía profundamente desconfiada.
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Controlar la crisis de inseguridad, que ha alcanzado niveles críticos.
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Restablecer el orden público en medio de protestas juveniles y paros regionales.
El nuevo gobierno ha prometido una “gestión de emergencia nacional”, aunque enfrenta un Congreso fragmentado y sin consenso político claro.
3. Inseguridad ciudadana: el principal foco de preocupación
La ola de criminalidad y violencia urbana fue uno de los detonantes del colapso del gobierno anterior.
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El país vive un aumento sostenido de extorsiones, sicariatos y secuestros, especialmente en Lima, Trujillo y Piura.
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Un ataque armado durante un concierto en Lima desató indignación y demandas de acción inmediata.
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Los paros regionales, como el de Cajamarca, denuncian el abandono del Estado y el deterioro de los servicios básicos.
La inseguridad se ha convertido en el principal factor de inestabilidad política y social, desplazando incluso los temas económicos de la agenda nacional.
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4. Movilización social y descontento popular
Desde septiembre, el país ha sido escenario de protestas encabezadas por jóvenes de la llamada “Generación Z”, que reclaman transparencia, empleo y un sistema político más representativo.
Las manifestaciones, aunque pacíficas en su mayoría, reflejan una ruptura generacional con la clase política tradicional.
A esto se suman paros y bloqueos regionales, con demandas descentralizadas que van desde mayor inversión pública hasta seguridad alimentaria y ambiental.
El nuevo gobierno deberá dialogar con múltiples sectores si busca evitar una escalada social similar a la de 2022.
5. Escenarios políticos a corto plazo
El panorama político del Perú se caracteriza por una fragilidad estructural que no se ha superado desde 2016.
El futuro inmediato podría desarrollarse bajo tres escenarios:
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Transición controlada: José Jerí logra estabilizar al país y encaminar elecciones legítimas en 2026.
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Crisis prolongada: las protestas y divisiones internas generan nuevas tensiones y parálisis institucional.
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Reforma política anticipada: se promueven cambios constitucionales para redefinir la relación entre Ejecutivo y Legislativo.
Cualquiera sea el caso, el desgaste institucional y la desconfianza ciudadana seguirán siendo el principal obstáculo para la gobernabilidad.
Conclusiones: un país en búsqueda de estabilidad
El Perú de 2025 enfrenta una crisis política que trasciende nombres y mandatos. La vacancia de Dina Boluarte simboliza no solo el final de un gobierno debilitado, sino la urgente necesidad de refundar el sistema político nacional.
La sociedad exige un liderazgo capaz de restaurar la confianza, garantizar seguridad y promover un Estado moderno y justo.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad —y la obligación— de demostrar que el Perú puede romper su ciclo de inestabilidad y avanzar hacia una democracia verdaderamente representativa y sostenible.
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Fuentes Consultadas
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Agencia AP News, Reuters, y Financial Times (informes del 10 de octubre de 2025).
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Human Rights Watch – Informe País 2025.
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El País (España) – “Ataque armado en Lima reaviva crisis de seguridad”.
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BBC Mundo – “Perú y el eterno retorno de la vacancia presidencial”.
