El 10 de octubre de 2025, el Congreso de la República del Perú aprobó la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, luego de semanas de denuncias por corrupción y vínculos con redes criminales. Su salida abrupta la incorpora a la larga lista de presidentes de corta duración que han marcado la inestabilidad política del país en las últimas dos décadas.
1. Una destitución anunciada
La vacancia de Dina Boluarte fue aprobada con 124 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, tras un intenso debate parlamentario que reflejó el profundo desgaste institucional del país.
Las acusaciones en su contra involucraban presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y vínculos con redes criminales locales, que ya eran objeto de investigación por parte del Ministerio Público.
En su defensa final, Boluarte denunció una “campaña política de persecución”, pero no logró revertir la decisión legislativa.
Minutos después de la votación, el titular del Congreso, José Jerí Oré, asumió la presidencia interina, en un acto transmitido por cadena nacional.
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2. Un ciclo de inestabilidad que se repite
Con la destitución de Boluarte, el Perú reafirma una tendencia crónica de inestabilidad política:
desde el año 2018, ningún presidente ha logrado concluir su mandato constitucional.
Los antecedentes incluyen:
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Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018): renunció por denuncias de corrupción.
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Martín Vizcarra (2018–2020): vacado por el Congreso.
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Manuel Merino (2020): duró solo cinco días en el poder.
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Pedro Castillo (2021–2022): destituido tras intentar disolver el Congreso.
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Dina Boluarte (2022–2025): ahora removida por incapacidad moral.
Este ciclo refleja una crisis estructural del sistema político peruano, donde los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo y la fragmentación partidaria han debilitado la gobernabilidad y la confianza ciudadana.
3. Acusaciones y fractura de legitimidad
Las investigaciones contra Boluarte giran en torno a presuntos sobornos y contratos irregulares vinculados a obras públicas durante su gestión, además de beneficios ilícitos otorgados a allegados políticos.
Los medios locales y la fiscalía especializada en crimen organizado señalaron una red de operadores en ministerios clave y gobiernos regionales.
A medida que el caso avanzó, la imagen de Boluarte se deterioró rápidamente.
Su gobierno enfrentó acusaciones de represión durante las protestas de 2023 y 2024, con más de 60 fallecidos según la Defensoría del Pueblo, lo que ya había erosionado su legitimidad democrática.
Su caída no solo es resultado de los cargos judiciales, sino del aislamiento político total que enfrentó dentro del Congreso y entre las bancadas que originalmente la respaldaban.
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4. El costo institucional de la inestabilidad
Cada destitución presidencial deja una huella profunda en la confianza social y en la estabilidad económica.
Los analistas advierten que esta nueva crisis afecta la percepción internacional del Perú, frena inversiones y pone en riesgo acuerdos de cooperación y tratados comerciales.
Según el Banco Central de Reserva (BCRP), los episodios de vacancia y sucesión presidencial reiterada han reducido el crecimiento potencial del país en más de un punto porcentual anual desde 2016.
Además, la fatiga ciudadana es evidente: encuestas recientes del Instituto Nacional de Opinión Pública indican que 8 de cada 10 peruanos no confían en el Congreso ni en los partidos políticos.
El país atraviesa una crisis de representación sin precedentes.
5. El papel de José Jerí y el futuro inmediato
El nuevo presidente interino, José Jerí Oré, asume con la misión de restablecer el orden institucional y convocar elecciones generales para 2026.
Su perfil técnico y discurso conciliador generan expectativas moderadas, aunque su margen de maniobra será limitado por la fragmentación política y el descontento social.
La comunidad internacional —a través de la OEA y la ONU— ha pedido garantías democráticas y respeto a los derechos humanos durante el periodo de transición.
En paralelo, se espera que el Ministerio Público profundice las investigaciones contra la expresidenta Boluarte y su entorno político, en un proceso que podría marcar el inicio de una nueva etapa judicial y política en el país.
Conclusiones: un país atrapado entre la desconfianza y la esperanza
La destitución de Dina Boluarte no solo cierra un capítulo de su gestión, sino que expone el agotamiento del modelo político peruano.
El país se enfrenta al reto de reconstruir la legitimidad democrática, fortalecer la rendición de cuentas y restaurar la confianza ciudadana en sus instituciones.
El futuro de esta transición dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para mantener la estabilidad sin caer en el mismo ciclo de confrontación.
Mientras tanto, el Perú vuelve a mirar hacia el Congreso y al pueblo, esperando que, esta vez, la historia no se repita.
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Fuentes Consultadas
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Congreso de la República del Perú – Acta de votación de vacancia presidencial, octubre 2025.
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Ministerio Público – Investigación preliminar sobre presunta red de corrupción en el Ejecutivo.
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Reuters – Peru’s Boluarte ousted amid corruption scandal.
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El País (España) – La caída de Dina Boluarte profundiza la crisis política peruana.
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Instituto Nacional de Opinión Pública – Encuesta Nacional de Percepción Política 2025.
