El Consejo Andino de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (CAMMA) emitió una resolución conjunta que exige al Perú implementar medidas urgentes contra la minería ilegal y el tráfico de mercurio, actividades que generan grave daño ambiental en la Amazonía y ponen en riesgo la salud de comunidades indígenas y fronterizas. El pronunciamiento, respaldado por Bolivia, Colombia y Ecuador, establece un plazo de seis meses para que el Estado peruano presente un plan de acción articulado, en concordancia con los compromisos del Acuerdo de Minamata y la Decisión Andina 774 sobre Gestión Ambiental Compartida.
1. Un llamado regional frente a una crisis ambiental compartida
Durante la reunión extraordinaria del CAMMA celebrada en Quito, los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) aprobaron una orden conjunta dirigida al Perú, instándolo a reforzar su control ambiental, fiscal y fronterizo ante el crecimiento del comercio ilícito de mercurio y la expansión de la minería ilegal en Madre de Dios, Puno y Loreto.
El comunicado advierte que estas actividades están deteriorando ecosistemas amazónicos transfronterizos, afectando ríos compartidos y territorios indígenas.
La CAN subrayó que la contaminación por mercurio ya afecta a más de 200 mil personas en la cuenca del río Madre de Dios, incluyendo comunidades en la frontera con Bolivia y Brasil.
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2. La amenaza del mercurio: un problema sin fronteras
El mercurio es un metal altamente tóxico utilizado para separar el oro del sedimento en la minería artesanal e ilegal.
Su uso descontrolado ha convertido al Perú en uno de los principales emisores de mercurio en América Latina, con un tráfico estimado de 100 toneladas anuales, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio del Ambiente (MINAM).
Los efectos son devastadores:
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Contaminación de ríos y peces, principales fuentes de alimento para comunidades amazónicas.
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Afectación neurológica y cognitiva en niños y mujeres embarazadas.
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Deforestación acelerada por actividades mineras no reguladas.
El bloque andino considera esta crisis una amenaza a la salud pública regional y exige acciones coordinadas y sostenidas.
3. El mandato de la CAN: plazos y medidas concretas
La resolución andina establece que el Perú deberá presentar, en un plazo máximo de seis meses, un Plan Nacional Integrado contra la Minería Ilegal y el Tráfico de Mercurio, que incluya:
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Rutas de control fronterizo conjuntas con Bolivia y Ecuador.
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Fiscalización digital de insumos químicos mediante trazabilidad satelital.
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Refuerzo de operaciones interinstitucionales entre las fuerzas armadas, la SUNAT y el MINAM.
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Programas alternativos de desarrollo sostenible para las comunidades dependientes de la minería artesanal.
El Secretariado General de la CAN realizará visitas técnicas trimestrales para evaluar los avances del Estado peruano y promover la cooperación binacional en zonas críticas.
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4. Reacción del gobierno peruano y del sector ambiental
El Ministerio del Ambiente (MINAM) expresó su disposición a acatar las recomendaciones del bloque andino, señalando que ya se trabaja en la actualización del Plan Estratégico Nacional de Mercurio 2025–2030, alineado al Acuerdo de Minamata.
El ministro de Ambiente, Raúl Villacorta, declaró:
“El Perú asume su responsabilidad regional. Combatir la minería ilegal no solo es una prioridad ambiental, sino un deber moral con nuestras comunidades amazónicas.”
Sin embargo, organizaciones ambientales como SPDA y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advirtieron que la falta de articulación entre niveles de gobierno y la corrupción en zonas mineras dificultan los avances sostenibles.
5. Impacto ambiental y social en la Amazonía peruana
Según el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la minería ilegal ha destruido más de 100 mil hectáreas de bosques en la región de Madre de Dios, generando pérdida de biodiversidad, contaminación del aire y desplazamiento de fauna.
Las comunidades indígenas Ese’Eja y Harakbut enfrentan serios riesgos sanitarios por la bioacumulación de mercurio en la cadena alimenticia, además de conflictos territoriales vinculados al ingreso de mineros ilegales.
El bloque andino ha propuesto crear una “Red de Vigilancia Amazónica”, que integre información satelital, denuncias comunitarias y monitoreo ambiental compartido.
6. Cooperación internacional y presión diplomática
El pronunciamiento del CAMMA recibió respaldo de la ONU Medio Ambiente, la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ofrecen apoyo técnico y financiero para implementar las medidas.
Asimismo, la Unión Europea evalúa incluir la minería ilegal como actividad prioritaria de riesgo transnacional, lo que podría afectar exportaciones de oro sin trazabilidad certificada.
Los países vecinos solicitaron además la ratificación del Protocolo Regional sobre Mercurio 2026, que establecerá mecanismos de sanción y monitoreo en la región andino-amazónica.
Conclusiones: entre la urgencia ambiental y la responsabilidad regional
El llamado del bloque andino marca un punto de inflexión en la política ambiental peruana.
El desafío no es solo técnico, sino ético y geopolítico: frenar la minería ilegal implica proteger la Amazonía y la salud de millones de personas.
El Perú enfrenta una tarea compleja: articular control estatal, cooperación internacional y alternativas económicas sostenibles.
La Amazonía, pulmón del continente, no puede seguir pagando el precio del oro.
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Fuentes Consultadas
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Comunidad Andina – Resolución CAMMA N.º 05-2025: Control del Mercurio y Minería Ilegal.
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MINAM – Plan Estratégico Nacional de Mercurio 2025–2030.
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OMS – Impacto del mercurio en la salud y ecosistemas.
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SPDA – Informe sobre minería ilegal y deforestación en Madre de Dios.
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IIAP – Monitoreo de ecosistemas amazónicos 2025.
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Unión Europea – Protocolo regional sobre tráfico de metales pesados 2026 (en desarrollo).
