La crisis social en el Perú ha entrado en una nueva fase de tensión, luego de que las protestas en el centro de Lima derivaran en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.El Ministerio del Interior aplicó un “régimen especial de control de protestas” que restringe temporalmente las movilizaciones en zonas estratégicas de la capital, medida que ha sido cuestionada por organizaciones civiles por su posible impacto en el derecho a la libre expresión y reunión.
1. Un centro histórico bajo tensión
Las calles del Centro de Lima volvieron a ser escenario de movilizaciones masivas, concentradas en la Avenida Abancay, el Parque Universitario y la Plaza San Martín.
Las protestas, convocadas por sindicatos, colectivos juveniles y organizaciones sociales, exigían reformas políticas, reducción del costo de vida y justicia por las víctimas de anteriores manifestaciones.
La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó más de 3,000 efectivos, con apoyo de unidades antidisturbios y drones de vigilancia.
Pese a los llamados al diálogo, se registraron choques violentos, con 35 heridos y decenas de detenidos, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo.
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“La gente ya no cree en promesas, solo quiere respeto y seguridad”, expresó una manifestante desde la Plaza San Martín, epicentro histórico de la protesta limeña.
2. El nuevo régimen de protestas: orden o restricción
El Ministerio del Interior implementó un régimen temporal de regulación de protestas en zonas de “alta densidad institucional”, que incluye el Congreso, el Palacio de Gobierno y sedes ministeriales.
El dispositivo restringe el uso de altavoces, bloqueos de vías principales y concentraciones superiores a 300 personas, alegando razones de seguridad pública.
El ministro del Interior, Luis Gómez Alarcón, justificó la medida señalando que:
“No se busca limitar derechos, sino garantizar la integridad de todos. La protesta pacífica está protegida; la violencia, no.”
Sin embargo, abogados constitucionalistas y colectivos de derechos humanos han advertido que la norma “roza la inconstitucionalidad”, al permitir discrecionalidad policial en la autorización o disolución de marchas.
3. Reacción de la sociedad civil y organismos internacionales
Diversas organizaciones, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, alertaron que el nuevo régimen puede “criminalizar la protesta” y ampliar el margen de represión institucional.
La Defensoría del Pueblo pidió transparencia en los protocolos policiales y la publicación de reportes oficiales sobre el uso de la fuerza.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó preocupación por el uso de armas no letales de forma inadecuada y exhortó al Perú a cumplir con los estándares internacionales de derechos civiles.
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4. La narrativa gubernamental y el discurso de orden
Desde Palacio de Gobierno, el presidente José Jerí reiteró que su administración respeta el derecho a la manifestación pacífica, pero advirtió que “no permitirá actos de violencia ni bloqueo de servicios esenciales.”
El mandatario busca equilibrar mano firme y diálogo, consciente de que su legitimidad aún depende de la estabilidad interna.
El premier Ernesto Álvarez anunció la creación de una “Comisión de Mediación Ciudadana”, integrada por representantes del Ejecutivo, Defensoría y sociedad civil, para evitar nuevos enfrentamientos.
Analistas políticos consideran que el gobierno enfrenta una encrucijada peligrosa: si reprime, pierde respaldo ciudadano; si cede, arriesga el control del orden público.
5. Polarización y desgaste institucional
La tensión no solo se vive en las calles, sino también en el discurso público.
Mientras sectores conservadores exigen “mano dura contra el desorden”, otros denuncian un retorno al autoritarismo encubierto.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 64 % de la población considera justificadas las protestas, aunque el 72 % rechaza los actos violentos y pide “una salida democrática sin represión.”
El dato revela un malestar transversal: la ciudadanía quiere orden, pero sin perder derechos.
La situación refleja la crisis de confianza estructural que atraviesa el Perú, donde la protesta se ha convertido en el único canal de expresión política visible.
6. El rol de Lima y las regiones
Aunque las protestas se concentran en el centro de Lima, también se registran movilizaciones en Arequipa, Cusco y Huancavelica, donde comunidades campesinas y estudiantes se solidarizan con las demandas nacionales.
La Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) y organizaciones magisteriales evalúan convocar un paro nacional progresivo si el gobierno no ofrece resultados concretos en materia de empleo y derechos sociales.
Mientras tanto, la Prefectura de Lima ha solicitado reforzar la presencia policial en zonas neurálgicas y establecer “rutas seguras de manifestación” para evitar nuevos enfrentamientos.
Conclusiones: entre el orden y la libertad
El régimen especial de protestas revela el difícil equilibrio entre seguridad y democracia en el Perú contemporáneo.
El gobierno de José Jerí enfrenta una delicada prueba de legitimidad, donde cada decisión sobre el control del orden público impacta directamente en la confianza ciudadana y la estabilidad institucional.
La historia reciente del país demuestra que la fuerza no apaga el descontento, solo lo posterga.
El desafío está en reconstruir el diálogo social y garantizar que el derecho a protestar no sea tratado como delito, sino como expresión legítima de una democracia viva.
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Fuentes Consultadas
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Ministerio del Interior – Dispositivo 142-2025 sobre Régimen de Control de Protestas.
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Defensoría del Pueblo – Reporte de incidencias de manifestaciones en Lima.
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Amnistía Internacional – Perú: alertas por restricción del derecho a la protesta.
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Instituto de Estudios Peruanos (IEP) – Encuesta de percepción ciudadana, octubre 2025.
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ONU Derechos Humanos – Informe regional sobre libertades civiles y manifestaciones públicas.
