Tras 50 días de caminata y movilización pacífica, la delegación encabezada por el alcalde provincial de Pataz (La Libertad), Aldo Mariños, llegó a Lima y fue recibida por el presidente interino José Jerí Oré en Palacio de Gobierno. El encuentro concluyó con un acuerdo para priorizar proyectos de infraestructura y reforzar la seguridad ciudadana en la provincia, afectada por la minería ilegal, la violencia y el aislamiento vial. La marcha, que recorrió más de 700 kilómetros, se ha convertido en símbolo de resistencia y diálogo descentralizado, resaltando la voz de las regiones ante el poder central.
1. Una caminata que unió comunidades y esperanza
La “Marcha de la Dignidad y el Desarrollo”, liderada por Aldo Mariños, partió el 25 de agosto desde Pataz, en la sierra liberteña, con más de 200 ciudadanos, autoridades locales, docentes y dirigentes comunales.
Durante casi dos meses, recorrieron carreteras, pueblos y valles del norte peruano, exigiendo presencia del Estado, inversión pública y soluciones frente a la violencia minera.
El trayecto atravesó provincia por provincia —Santiago de Chuco, Otuzco, Trujillo y Chimbote— antes de llegar a Lima, donde fueron recibidos por centenares de simpatizantes y organizaciones regionales.
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“No caminamos por protesta, caminamos por justicia y por paz para nuestros pueblos”, expresó el alcalde Mariños al llegar a la Plaza San Martín.
2. Contexto: violencia minera y abandono estatal
La provincia de Pataz ha sido una de las más golpeadas por la minería ilegal y el crimen organizado.
Solo en el primer semestre de 2025 se registraron más de 40 asesinatos vinculados a bandas que controlan zonas auríferas.
A ello se suma el deterioro de vías, falta de conectividad y escasez de servicios públicos, factores que mantienen a la región en situación de vulnerabilidad social.
La marcha no solo representó una demanda por obras, sino también una denuncia pública de la ausencia estatal en zonas donde la autoridad municipal ha debido enfrentar sola los conflictos.
Según el Centro de Estudios de Seguridad Territorial (CESET), Pataz figura entre las cinco provincias más violentas del Perú, con presencia de mafias mineras y tráfico de explosivos.
3. Reunión con el presidente interino: diálogo y compromisos
El presidente José Jerí Oré recibió oficialmente al alcalde Aldo Mariños y a su delegación en Palacio de Gobierno, acompañado del premier Ernesto Álvarez y los ministros de Interior, Energía y Minas, y Transportes.
Durante la reunión, se acordaron tres medidas clave:
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Declarar a Pataz en emergencia integral de seguridad ciudadana, con despliegue especial de la Policía Nacional y unidades de inteligencia.
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Priorizar la construcción y mantenimiento de carreteras departamentales, especialmente el tramo Huamachuco–Tayabamba–Trujillo.
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Implementar un plan de formalización minera con enfoque social, coordinado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
El mandatario destacó la importancia de la movilización como ejemplo de civismo y diálogo democrático.
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“Cuando las regiones hablan con respeto y esperanza, el Estado debe escuchar. Pataz no está sola”, declaró Jerí.
4. Reacciones sociales y políticas
El encuentro generó reacciones positivas en la opinión pública y en el Congreso.
Diversas bancadas reconocieron el gesto del Ejecutivo de abrir canales de comunicación descentralizados.
Mientras tanto, gremios regionales de Cajamarca, Ancash y Ayacucho anunciaron su intención de replicar el modelo de marcha pacífica como vía de presión ciudadana legítima.
Organizaciones de derechos humanos valoraron que la movilización se desarrollara sin incidentes violentos, destacando la madurez social y la capacidad de organización comunitaria.
Sin embargo, analistas advirtieron que los compromisos deben traducirse en acciones concretas para evitar frustraciones o instrumentalización política.
5. Impacto simbólico y político de la “Marcha de Pataz”
Más allá de los acuerdos firmados, la marcha se ha convertido en un símbolo del poder de las regiones frente al centralismo limeño.
La caminata —que recorrió valles, montañas y ciudades— recordó al país la deuda histórica del Estado con el interior.
El liderazgo de Aldo Mariños fue reconocido incluso por sectores fuera de La Libertad, al haber canalizado el descontento social a través del diálogo, sin violencia ni bloqueos.
Su imagen ha ganado fuerza política y podría proyectarse a espacios de representación regional o nacional.
“No queremos migajas, queremos desarrollo con dignidad”, reiteró Mariños durante su discurso final en la explanada de Palacio.
6. Los próximos pasos: vigilancia ciudadana y ejecución
El Ejecutivo conformará un Comité de Seguimiento Interinstitucional que evaluará cada 60 días los avances de los compromisos asumidos.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se encargará de priorizar la carretera Tayabamba–Trujillo, mientras que el Ministerio del Interior (MININTER) desplegará batallones especializados contra la minería ilegal.
Por su parte, la Municipalidad Provincial de Pataz anunció la creación de una plataforma digital de vigilancia ciudadana, donde la población podrá monitorear los avances de las obras y programas de seguridad.
Conclusiones: cuando el diálogo camina
La marcha de Pataz representa una nueva forma de participación política ciudadana, basada en la movilización pacífica y el diálogo con resultados.
Frente a un país fracturado por la desconfianza, este episodio demuestra que la voz de las regiones puede hacerse escuchar sin violencia ni confrontación.
El reto ahora será cumplir lo prometido, para que el sacrificio de cientos de caminantes no quede como anécdota, sino como precedente histórico de descentralización y justicia territorial.
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Fuentes Consultadas
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Presidencia del Consejo de Ministros – Acta de reunión con delegación de Pataz (octubre 2025).
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Defensoría del Pueblo – Informe de seguimiento a marchas regionales.
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CESET – Reporte de violencia minera y seguridad en el norte del Perú.
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Diario La Industria de Trujillo – Pataz marcha por desarrollo y seguridad.
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Canal N – Aldo Mariños y el diálogo con el Ejecutivo: acuerdos alcanzados.
