Marchas y contramarchas una y otra vez por lo inconformes de la ley SB 1070 esta ocurriendo en textas y varios lugares de los Estados Unidos y el mundo se les esta uniendo y reaccionando, porque dijeron es simplemente racista y discriminatoria. A la manifestación acudieron el congresista Rubén Hinojosa, el juez interino del condenado de Hidalgo y el alcalde esa ciudad
Más de 500 personas radicadas en el valle de Texas realizaron una manifestación este día en rechazo a la legislación antiinmigrantes aprobada recientemente en Arizona, tras considerar que es una ley racista y discriminatoria que afectará a miles de migrantes.
La concentración de inconformes se efectuó esta mañana en la explanada del parque Archer, ubicado en la zona centro de la ciudad de Mc Allen, Texas. A la concentración acudieron el congresista Rubén Hinojosa, el juez interino del condenado de Hidalgo, René Ramírez, y el alcalde de esa ciudad, Richard Cortez.
La directora de la organización denominada 'La Unión del Pueblo Entero' (LUPE por sus siglas), que se caracteriza por apoyar a la población migrante, Juanita Valdez, señaló que diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes se unieron para manifestarse en contra de la aplicación de la recién aprobada ley en Arizona.
'Esta manifestación nos sirve para enviar un mensaje al estado de Arizona, para decirles que la legislación que ha sido promulgada en derecho es discriminatoria, ofensiva y principalmente racista', dijo. Indicó que el movimiento de inconformidad que realizaron este día por espacio de dos horas servirá para enviar un mensaje de solidaridad a la comunidad migrante que radica en el estado de Arizona.
Indicó que también se contó con la participación de representantes de otros grupos en pro de los migrantes, entre estos, 'Proyecto Azteca', 'La alianza de estudiantes y agricultores del sur de Texas'.
Refirió que con la entrada en vigor de esta nueva ley, se inhibirá a los migrantes indocumentados a realizar algunos trámites en el estado de Arizona ya que serán detenidos y deportados inmediatamente. La ley SB 1070 fue sancionada hace poco más de una semana por la gobernadora Jan Brewer.
Por primera vez en Estados Unidos la inmigración ilegal pasa a ser un delito estatal, no simplemente federal, lo que puede llenar rápidamente las cárceles de ese estado donde se estima que viven unos 460.000 ilegales, en su gran mayoría hispanos. La ley empezará a aplicarse en 90 días. La gobernadora Brewer ha prometido entrenamiento para los policías del estado, y una primera evaluación de su aplicación a finales de año.
"Vamos a ver cómo nos la presentan, cuáles son los límites" legales, se limita a contestar un policía de Phoenix, Wensley Dillon, al ser interrogado sobre el impacto de la ley en su trabajo diario.
El desafío más importante para los agentes policiales es evitar las demandas por discriminación racial. Un 30% de la población de Arizona es de origen hispano. La gran mayoría de inmigrantes, legales o ilegales, son mexicanos.
La gobernadora Brewer insistió repetidas veces en que no tolerará que se detenga a la gente por su color de piel o aspecto. "Por supuesto que habrá selección por la raza. Yo he sido policía en Oklahoma, sé cómo funciona esto. No pueden hacerlo de otra manera", replica Jim Campbell, de 59 años, veterano de la Guerra del Golfo y residente en Phoenix desde hace cuatro años.
Campbell no cree que la ley sea correcta, pero como otros ciudadanos de Phoenix, prefiere darle el beneficio de la duda. "Hay demasiados ilegales, algo había que hacer", dice Benjamin Pérez, que se declara estadounidense desde hace tres generaciones.
Pérez reconoce que su color de piel podría inducir a la policía a creer que es un ilegal, pero exhibe con orgullo su condición también de veterano de guerra. De clase media, luce un coche nuevo, una señal a su juicio de que no lo van a parar sin razón alguna.
Un 64% de los habitantes del estado se declararon favorables a la ley SB 1070, según un sondeo de Rasmussen publicado esta semana. Pero un 50% también reconoce que puede provocar un alud de demandas civiles.
"Y yo me digo: ¿si veo que alguien entrar a robar en una casa, cómo creen que voy a llamar a la policía?", se indigna Violeta Ugarte, una enfermera nicaragüense que obtuvo la residencia legal en Estados Unidos con la última reforma migratoria de 1986.
Fuente: Agencias