La Carta Democrática Interamericana es un documento fundamental en el ámbito de la democracia y los derechos humanos en las Américas. Su solicitud de activación es un proceso importante que refleja la preocupación por la situación democrática en un país miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pero, ¿qué significa realmente solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana para el caso de Perú?
En cualquier sistema democrático, la independencia del poder judicial es esencial para garantizar la equidad, la justicia y el estado de derecho. Uno de los elementos clave para mantener esta independencia es la forma en que se manejan las cuestiones disciplinarias y la destitución de jueces y fiscales supremos.
El 14 de noviembre de 2020 quedará marcado en la memoria de Perú como el día en que dos jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, perdieron la vida durante las protestas ciudadanas. Su trágica muerte ha generado una profunda conmoción y ha levantado voces exigiendo justicia y reflexionando sobre la situación de los derechos civiles en el país. A más de un año de este doloroso episodio, es crucial abordar la importancia de lograr justicia para Inti y Bryan.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) en Perú es una entidad clave en el sistema de justicia del país, responsable de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales. Desde su creación en 2019, la JNJ ha estado en el centro de la atención pública y política.
Afrontamos una situación política que se veía venir, como el punto de quiebre de un proceso social, en las actuales condiciones históricas de nuestro país. Aunque el depuesto presidente Pedro Castillo, ha estado circunstancialmente en la cresta de la ola, en la que sucumbió, la borrasca viene desde muy atrás. Ha sido el proceso el que lo puso allí por unos meses, pero este continúa invariable en tanto las condiciones se mantengan. Veamos.
El precio de la luz ha vuelto a subir durante el mes de mayo encadenando una tendencia de subidas que ha convertido al año 2021 en el ejercicio con el precio más alto para la electricidad. Es por ello que, junto a la pandemia de coronavirus, las facturas de luz se han convertido en una de las grandes protagonistas del año en los medios de comunicación y también en redes sociales.
Luego de la renuncia de Aníbal Torres renunció al cargo de Premier luego que el Congreso rechazará la Cuestión de Confianza, que se viene para el Perú.
La joven representante reclamó al periodista por haberse burlado de la condición que padece su compañero Abel Augusto Reyes Cam, candidato por Huánuco.
Jessica Martinez tiene 14 años de experiencia en Disney
Por: Lic. César Sánchez Olivencia
Autoridades y dirigentes sociales no han llegado a comprender la importancia de la llamada Mesa de diálogo. Es una reunión en que participan el Estado y
El diálogo como sistema
Si bien la democracia cuenta con instituciones representativas en las que el diálogo es la forma de relación entre los políticos, para canalizar racionalmente las decisiones participativas, el diálogo directo entre los representantes del gobierno y la ciudadanía es la mejor forma de plantear problemas y encontrar soluciones. Este diálogo se realiza a través de
El diálogo es una forma de inclusión democrática. El Perú es un país que vive en democracia. Este es un sistema que tiene mayor vocación por el diálogo. Como ética de la política y como método para lograr acuerdos legítimos, el diálogo es una herramienta clave de la democracia; permite adoptar los acuerdos entre personas como si se tratara de una familia. Todos no piensan del mismo modo, pero al final se debe imponer la cordura.
Fórmulas de solución
Si deseamos que el gobierno conozca nuestros problemas, el diálogo es importante en una época como la actual, plagada de tensiones generadas por las contradicciones políticas, económicas, sociales y culturales. Es necesario institucionalizar el diálogo para articular democráticamente las múltiples necesidades básicas insatisfechas. Hagamos memoria: en el Perú, más de la tercera parte de la población no encuentra solución a sus problemas desde hace 30 ó 40 años.
El objetivo debe ser la obtención de fórmulas inclusivas a favor de la mayoría de peruanos que no cuentan con los servicios básicos, que el Estado no ha podido atender. El Estado de derecho debe promover el diálogo por ser un recurso de gran valía para evitar que las tensiones generen violencia. A muchos peruanos les falta pan, agua, salud, educación, vivienda, etcétera. Que el diálogo sirva para encontrar soluciones.
Un país vive en democracia auténtica cuando las relaciones entre gobernantes y gobernados, ciudadanos, organizaciones y Estado se sustentan en el diálogo. Fortalecer la cultura política democrática implica, entre otras tareas, consolidar el ejercicio del diálogo para aplicar una política saludable.
El problema social se genera en una necesidad básica insatisfecha. El conflicto social se genera por la demanda no atendida en su oportunidad y la respuesta incorrecta del Estado. Los problemas sociales no siempre terminan en conflictos sociales. Problema social no es igual a conflicto social. Distinguir estos conceptos es la primera condición para actuar en un conflicto. No se puede evitar que haya posiciones extremas que oculten intereses extremos.
La mediación en el conflicto
Una de las formas democráticas de arreglar el conflicto social es a través de un mediador. Es lo más difícil. Cuando el Estado es parte, el que interactúa en función de mediador no puede cumplir este rol. La percepción psicológica que tiene la sociedad de un ministro es la de mediador entre el Estado (Jefe del Estado) y el Pueblo (dirigentes) El mediador debería ser una persona de alto nivel humano e intelectual. No decimos que se busque a un Gandhi; pero debe tener los valores más altos para concertar. Es difícil conseguirlo.
Los japoneses negocian con largo aliento: su paciencia permite vencer a la contraparte por cansancio. La paciencia japonesa es una herramienta decisiva. Las partes deben de disponer del tiempo necesario para que conozcan minuciosamente en qué consiste el conflicto. Siempre existe una vinculación entre el pasado y el presente. Una vez que se conoce el conflicto, el mediador debe centrarse en la discusión y en las posibles alternativas. Su papel debe ser el de buscador de soluciones.
Rivos sigue siendo en gran medida un secreto, pero está bajo el control de Apple después de apuntar a los ingenieros de silicio
Por: César Ortiz Anderson
Pdte. APROSEC
Una de las mayores inquietudes de los ciudadanos es lo relacionado a la violencia y delitos en todas sus formas, la mayoría de gobiernos no han podido frenar este fenómeno y hay países donde la inseguridad ciudadana es un verdadero flagelo.
Las actividades del crimen organizado y sus efectos nocivos sobre la sociedad, constituyen uno de los principales factores de riesgo para el mantenimiento de la seguridad pública.
En la mayoría de países de la región se carece de políticas de Estado adecuadas y que estén articuladas entre las Instituciones que velan por la seguridad ciudadana, en la práctica lo que sucede es que las diversas estrategias y diseños no tienen sostenibilidad en el tiempo, no hay un seguimiento y control que permita hacerlas viables.
La actual crisis de inseguridad debe ser entendida y enfrentada desde una perspectiva amplia, que reconozca en su conjunto el incremento de los delitos y la violencia, la incapacidad de las instituciones públicas para hacerles frente con éxito, la diseminación de la desconfianza hacia dichas instituciones y el temor entre los gobernados. No han cesado las reformas legales, la reorganización de las instituciones, la publicación continua de programas oficiales, el crecimiento de la participación ciudadana y la intensa cobertura por parte de los medios, pero los resultados siguen siendo negativos, la violencia y el delito sigue avanzando ¿ Que proponemos?
1. Reintegrar a la sociedad en su conjunto en torno al respeto a Normas y Leyes y a los derechos humanos, por medio de una campaña intensa, masiva e integral de fomento a la cultura de legalidad y prevención.
La desintegración social crea espacios de oportunidad e incentivos para la inseguridad, la delincuencia y la violencia. La campaña mencionada hace lo contrario porque cohesiona a la sociedad en torno a valores de respeto y solidaridad. Ella debe involucrar de manera organizada y corresponsable, al menos, a las autoridades de la Ciudad, el sistema educativo, los medios de comunicación y la sociedad civil.
2. Superar la falsa disyuntiva entre la eficacia en la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos, por medio de la implementación de sistemas modernos de rendición de cuentas.
Tales sistemas permiten medir, controlar y evaluar los resultados concretos y diarios en el desempeño de cada uno de los representantes de las Instituciones, para de esa manera sancionar inmediatamente los malos comportamientos y premiar los buenos. A mayor control de las instituciones, corresponde mayor eficacia en el ejercicio de sus atribuciones. Menores controles provocan arbitrariedad, abuso, violación a derechos y debilidad institucional, esta es una propuesta personal del destacado Criminólogo Gustavo Dávila Angulo
3. Superar el espejismo del endurecimiento penal y dirigir la presión social hacia la eficacia de las Autoridades, mediante la creación de informes mensuales de resultados contra la delincuencia y la violencia, accesibles a todo público y presentados por los medios de comunicación en los horarios de mayor audiencia, además insisto en la creación de un Observatorio del Crimen que centralice toda la información de diversas Instituciones y así poder tener un panorama real de lo que ocurre en el País en materia de inseguridad ciudadana
4. Reintegrar la policía preventiva a la sociedad, mediante la adopción prioritaria, por parte de todas las instituciones policiales uniformadas, de programas de prevención comunitaria del delito y hacer de las comisarias verdaderos centros de apoyo al ciudadano
Estas son las vías para rescatar la credibilidad y el apoyo social hacia la policía, porque hacen posible su acercamiento a la comunidad, al tiempo que transparentan su desempeño cotidiano. La policía debe contar con grupos especiales altamente capacitados para la atención inmediata a hechos violentos, pero el eje de su relación con el público en general está en la capacidad de comunicarse con el mismo. La comunicación entre la policía y la comunidad es la clave del éxito de estos programas.
5. Incrementar la calidad del desempeño policial, mediante la creación de monitores independientes especializados.
El factor más importante que ha permitido la descomposición de la policía es que operan en la oscuridad. La sociedad tiene acceso mínimo o nulo a su vida interna, lo que ha creado oportunidades para todo tipo de desviaciones. La transformación de la policía es mucho más posible si es supervisada y apoyada desde instancias externas, a las cuales se les otorgan facultades legales plenas para observar su vida interna y emitir recomendaciones de cara a la sociedad. Este tipo de monitores han adoptado diversas formas fuera de nuestras fronteras y su éxito está demostrado.
6. Proteger a los policías mediante la re potenciación del ombudsman del policía.
Una de las causas más relevantes en el mal desempeño de la policía es la desprotección institucional en la que realizan su trabajo. La policía no puede proteger al ciudadano si ella misma no es sujeta de la mejor protección posible, tanto en su integridad física como en sus derechos. Reformas policiales significativas fuera de nuestras fronteras han creado al interior de la propia institución policial esta instancia especializada en su protección.
7. Reorganizar de manera integral la gestión de las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia penal, por medio de la adopción de indicadores de desempeño moderno y público.
Hasta ahora ha existido una tendencia creciente a evaluar el desempeño de estas instituciones con el empleo de indicadores que no reflejan el sentido de la verdadera eficiencia. Por ejemplo, crece la adopción de sistemas de evaluación de la eficacia policial con base en la cuota de remisiones, aun si tal indicador no rinde cuentas sobre la legalidad de cada remisión. Al mismo tiempo, no se adoptan indicadores cualitativos como medidas para evaluar la gestión, como por ejemplo la confianza ciudadana hacia la policía. La implantación de un sistema que combina adecuadamente indicadores cuantitativos y cualitativos, accesibles al público, logra la total reconstrucción de la denominada cultura institucional, es decir de los procesos y las actitudes de quienes forman parte de las entidades públicas.
8. Vencer la inercia ciudadana hacia la tolerancia y exigencia de medidas autoritarias contra la violencia y el delito, por medio de campañas de información sobre sus efectos en contra de la propia sociedad y sobre la existencia de propuestas democráticas exitosas contra la inseguridad.
La sociedad no confía en las instituciones responsables de la Seguridad Pública y la Justicia Penal o Sistema Penitenciario
9. Someter a revisión los criterios de reserva de información con respecto a la seguridad pública, adoptados tanto en las normas como por las instituciones responsables de la misma, bajo el nuevo sistema de acceso a la información pública, de manera que dichos criterios no sean utilizados para impedir el escrutinio legítimo por parte de los ciudadanos.
La promulgación de Leyes de acceso a la información fue un logro importante para la democracia. Sin embargo, en lo que se refiere a seguridad pública el alcance de dichas leyes no parece estar claro y en algunos casos las Instituciones están aplicando criterios restrictivos con base en argumentos insostenibles y antidemocráticos, como el que asocia la entrega de cualquier tipo de información en seguridad pública a poner en riesgo la seguridad nacional. Es necesario hacer una revisión técnica pública de esos criterios, en particular haciendo uso de la comparación frente a los sistemas de acceso a la información en esta esfera en regímenes democráticos consolidados.
La responsabilidad primaria de la Seguridad Publica, recae sobre los tres Poderes del Estado, en conclusión lo que sucede que el problema de inseguridad ciudadana, es tratado sectorialmente y con poca o nula articulación entre las Instituciones responsables de ello, por ello las políticas de seguridad no tienen un enfoque integral, hay una carencia de Liderazgo adecuado por parte de los Estados, La Seguridad Publica , los Sistemas de Justicia así como Los Sistemas Penitenciarios en la percepción de los ciudadanos su actuación dejan mucho que desear.
Finalmente los políticos tienen que entender que la violencia y la delincuencia son fenómenos sociales que no se pueden erradicar, que el reducir el número y frecuencia de los delitos es a largo plazo y con mucho esfuerzo, que los Gobernantes sean los abanderados y asuman el liderazgo con una clara voluntad política, los recursos humanos y económicos necesarios para los cambios que en materia de Seguridad Publica la mayoría de Países hoy requieren, trabajemos para que la Seguridad Ciudadana no siga siendo “ Tarea de todos…..Responsabilidad de Nadie”
De director de diseño de Xbox, arquitecto y líder en investigación y diseño de Xbox
Realmente preocupante el número y frecuencia de crímenes pasionales que ocurren en el País, en el año 2009 fueron 139 crímenes y el año 2010 ocurrieron 117, este año en menos de 10 días ocurrieron 11 atentados violentos contra sus parejas, la mayoría de ellos por celos, generalmente hombres altamente posesivos y celosos, asesinaron a su pareja, las mujeres son mayoritariamente las víctimas de estos crímenes pasionales.
Los propietarios en la ciudad de Nueva York ya están enganchados por la calefacción y el agua caliente de sus inquilinos. Una propuesta del Concejo Municipal agregaría el servicio de Internet a esa lista.
Por: César Ortiz Anderson
Pdte. De APROSEC
Aprosec viene advirtiendo que la actual situación de inseguridad ciudadana, ha sobrepasado la pura respuesta policial, y ya no se trata solo de sufrir un hurto o robo; o una extorsión planeada desde una prisión, hoy están en juego nuestra propia vida, la de nuestro cónyuge, la de nuestros padres, la de nuestros hijos, el sicariato con la muerte de la directora el primer día de clase en un colegio en el Distrito de San Martin de Porras, solo reflejaba que la vida en el País tiene un precio, el por qué estamos así es porque no se quiere realizar las profundas reformas en las principales instituciones que tiene el Estado para enfrentar la criminalidad, Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y Sistema penitenciario, en ellas existe un evidente déficit no solo material, humano también y con una corrupción cada día mayor, Colombia lo realizó con resultados más que satisfactorios, su policía está considerada como una de las mejores de Latinoamérica y han podido reducir en algunas ciudades el número y frecuencia de los delitos. El propio presidente de la comisión de seguridad ciudadana del Congreso de la República, Renzo Reggiardo está solicitando declarar en emergencia la seguridad ciudadana, el riesgo de ser víctima del abanico de delitos que existe en el País se ha incrementado y todo indica que las cifras seguirán creciendo, según el Ministerio Público y a pesar de no contar con un Observatorio del crimen que recopile información confiable y científica de diversas instituciones, aseguran que en los últimos 11 años han ocurrido más de un millón de delitos, en promedio 7,192 por mes o 240 por día, solo en Lima y el Callao.
Un grupo de expertos en seguridad electoral está instando a los legisladores a abandonar los planes en el proyecto de ley de autorización de defensa anual que permitiría la emisión de boletas en línea para las tropas que sirven en el extranjero , diciendo que las preocupaciones de seguridad superan los beneficios potenciales.
