La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano judicial autónomo que tiene jurisdicción sobre los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su objetivo principal es garantizar la protección de los derechos humanos en la región.
El caso de Alberto Fujimori, expresidente de Perú, ha sido objeto de intensos debates y controversias, especialmente en relación con su condena por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno en la década de 1990. Argumentar a favor de que Fujimori debe permanecer en prisión implica no solo un llamado a la justicia, sino también una defensa de los principios fundamentales que sustentan la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas.
En el ámbito de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juega un papel crucial en la promoción y protección de los derechos fundamentales en el continente americano. Sin embargo, lamentablemente, existen casos en los que los Estados miembros no cumplen plenamente con los mandatos de la CIDH, generando preocupaciones sobre la efectividad de la justicia internacional. Un caso destacado que ha generado controversia es el incumplimiento del mandato de la CIDH en el caso de Alberto Fujimori.
Si es defender las libertades, defender la calidad educativa, defender los derechos humanos, decir las cosas como son, denunciar a los que abusan del poder, como dice la congresista Susel Parederes es positivo.
No es la primera vez en el Perú, que la protesta social colisiona con el “estado de derecho”. Son miles las rebeliones en los diversos sistemas de opresión que nuestra historia omite.
La cuestión del indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori ha sido objeto de un intenso debate, tanto a nivel nacional como internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una entidad autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha desempeñado un papel crucial al emitir opiniones y recomendaciones vinculantes.
Al menos 17 personas murieron el lunes en el sur de Perú en cuestión de horas, en el marco de las protestas por la destitución del ex presidente, un extraordinario brote de violencia que suscitó críticas por el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y la policía.
El sistema político de un país es un delicado equilibrio entre los poderes del Estado, y cualquier desviación de este equilibrio puede llevar a consecuencias significativas. En el contexto peruano, la idea de una "Dictadura del Congreso" plantea un riesgo político que merece una cuidadosa consideración.
De acuerdo a la Red de Salud de San Román actualizó la información y señaló que además hay 38 heridos producto de los enfrentamientos entre policías y manifestantes en Juliaca. Entre los fallecidos se encuentra un menor de edad.
La política peruana ha experimentado una serie de cambios en los últimos años, y dos temas que han generado debate y preocupación son la reelección inmediata de parlamentarios y la propuesta de implementar la bicameralidad en el Congreso. Estos aspectos, aunque tienen defensores, también han suscitado críticas debido a los posibles impactos negativos que podrían tener en la estabilidad política y la representación democrática del país.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificó como una decisión "infundada y reprobable" la expulsión de Perú del embajador de su país en Lima, Pablo Monroy, y aseguró que México “no variará su posición”.
Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional, informa que hay una clara intención de castigo contra los manifestantes. "Hubo crímenes extrajudiciales", asegura, respecto a la represión en regiones a las protestas contra Dina Boluarte.
Todos los días se agudiza la crisis en Perú, en el primer día de Estado de emergencia y noveno día del estallido Social producto de las manifestaciones se han reportado en total 18 muertos solo ayer jueves 15 de diciembre primer día del estado de emergencia nacional con militares en las calles.
En una entrevista, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, reconoció que "no tenemos ninguna prueba" de que las semanas de protestas estuvieran impulsadas por grupos criminales, como ha afirmado el presidente del país.
Miles de personas se dirigen a la capital, Lima, para protestar contra la nueva presidenta del país, Dina Boluarte. Dina Boluarte asumió el cargo en diciembre, tras la destitución de Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que se debe respetar la voluntad del electorado peruano y que Pedro Castillo no debió ser destituido como presidente del país sudamericano.