Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional, informa que hay una clara intención de castigo contra los manifestantes. "Hubo crímenes extrajudiciales", asegura, respecto a la represión en regiones a las protestas contra Dina Boluarte.
Amnistía Internacional acusó a las autoridades peruanas de actuar con "un marcado sesgo racista" en la represión de las protestas que han sacudido al país desde diciembre, diciendo que están atacando "poblaciones que históricamente han sido discriminadas", según un informe publicado este jueves.
Basándose en datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, Amnistía dice que "encontró que la cantidad de posibles muertes arbitrarias debido a la represión estatal" estaba "desproporcionadamente concentrada en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas".
Amnistía también afirma que las áreas con mayoría de población indígena sufrieron la mayoría de las muertes desde que comenzaron las protestas.
“Si bien las regiones con mayoría de población indígena representan solo el 13% de la población total de Perú, éstas sufrieron el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis”, escribió la organización.
El Ministerio de Defensa se negó a comentar sobre el informe y le dijo a CNN que la Fiscalía del país, con la que están colaborando, es la encargada de la investigación en curso.
“No solo hemos entregado toda la información solicitada, sino que hemos apoyado el traslado del personal (del Ministerio Público) (peritos y fiscales) a la zona para que puedan realizar su trabajo. El Ministerio de Defensa está a la espera de los resultados de las investigaciones", agregó el vocero del Ministerio.
En Juliaca, en el departamento del Puno, donde hay un alto porcentaje de población indígena, 17 personas fueron asesinadas por proyectiles de armas de fuego el 9 de enero durante las protestas.
“No es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las protestas en Perú estallaron un día después de que la presidenta Dina Boluarte asumiera el cargo el pasado 7 de diciembre tras la destitución del expresidente Pedro castillo. Los manifestantes reclaman su renuncia, el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones generales y la formación de una Asamblea Constituyente.
Aunque las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, incluyeron ciertos elementos de violencia focalizada por parte de algunos manifestantes, como el lanzamiento de piedras, por ejemplo.
Sin embargo, en múltiples ocasiones, para legitimar el uso de la fuerza por parte de la policía, las autoridades tuvieron un discurso de estigmatización contra quienes se manifiestan. Las acusaron de tener vínculos con el “terrorismo” o con grupos criminales, entre varias cosas, para deslegitimar sus demandas y justificar la violencia de la represión.
Fuente: CNN y Agencias
