Al menos 17 personas murieron el lunes en el sur de Perú en cuestión de horas, en el marco de las protestas por la destitución del ex presidente, un extraordinario brote de violencia que suscitó críticas por el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y la policía.
Los enfrentamientos hicieron temer que las protestas siguieran extendiéndose y provocaran más derramamientos de sangre.
Perú, el quinto país más poblado de América Latina, ha sido escenario de violentas manifestaciones desde mediados de diciembre, cuando el presidente izquierdista del país, Pedro Castillo, que había prometido abordar los antiguos problemas de pobreza y desigualdad, intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. La medida fue ampliamente condenada como inconstitucional y el Sr. Castillo fue detenido y sustituido por su vicepresidente.
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Los partidarios de Castillo, muchos de los cuales vivían en regiones rurales empobrecidas, se echaron rápidamente a la calle para exigir nuevas elecciones generales, y muchos afirmaron que habían sido despojados del derecho a ser gobernados por el hombre al que habían votado para el cargo apenas un año antes.
La violencia, registrada el lunes en la ciudad meridional de Juliaca, cerca de la frontera con Bolivia, supuso el enfrentamiento más mortífero entre civiles y actores armados en Perú en al menos dos décadas, cuando el país salió de una dictadura y de una larga y brutal lucha contra una violenta guerrilla, conflicto que dejó al menos 70.000 muertos, muchos de ellos civiles.
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El martes, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, un grupo de rendición de cuentas, culpó al "uso indiscriminado de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad del Estado de las muertes del lunes.
Por su parte La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó hoy, martes, su "preocupación" por los hechos de violencia suscitados ayer contra los manifestantes en Juliaca, región Puno.
El organismo supranacional solicitó que se investigue los hechos de violencia y se sancione a los responsables.
"Instamos a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las personas muertas y heridas, haciendo rendir cuentas a los responsables y garantizando a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación", indican en su comunicado.
Finalmente: Reitera que las manifestaciones se deben desarrollar de manera pacífica. Insta a las autoridades garantizar acceso a justicia y reparación, y asegurar respeto de #DDHH en aplicación del uso de la fuerza.
