Por César Sánchez Olivencia
Licenciado en administración de empresas, Periodista profesional y Consultor empresarial
El Art. 1º de
La idea es que el Estado pueda dejar el modelo de asistencialismo y se convierta en apoyo social productivo. Es decir, brindar trabajo para que pueda insertarse en el proceso de la producción. Este enfoque identifica dos problemas que el Ejecutivo tiene que resolver para que el programa tenga éxito a nivel nacional. El primero es que es difícil cambiar un modelo asistencial en productivo, si la normatividad en general es la misma que regula el sistema asistencialista.
Las políticas tienen que ser orientadas de manera transversal en su legislación y ejecución. Los procesos en el Estado pasan por una maraña de normas que reducen la velocidad y el impacto de los procedimientos, evacuando un resultado diferente a los objetivos y metas propuestas por las políticas del Estado. Esto es cosa de todos los días en el Sector Público.
En segundo lugar, los ejecutores de las acciones deben asumir el compromiso de realizar los objetivos conforme a las políticas del Estado y mantener una visión de conjunto para ejecutar la misión de realizar la inclusión con efecto permanente y sistemático, para lo cual debe tener la sostenibilidad que les permita mantenerse en un horizonte de largo plazo.
Resultaría un fracaso la ejecución de proyectos de inclusión si se inspira en el ritmo y orientación del tristemente recordado modelo del PAIT, que sólo sirvió para gastar los recursos del Estado en acciones no productivas, con el vano propósito de dinamizar la economía del país. No olvidar que la temporalidad y el corto plazo no son políticas inclusivas.
Respecto a los programas o proyectos que deban pasar por el SNIP, tiene que ser respaldado por una legislación que facilite la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública, con orientación productiva. El SNIP en el pasado quinquenio 2006- 2011 interactuó en medio de barreras casi infranqueables que impidieron no solo la elaboración, sino la sola idea de inversión productiva.
La ley, reglamento y directiva del SNIP se orientaron a impulsar los proyectos no productivos. Muchos proyectos fueron rechazados porque la metodología y normatividad del SNIP impedía aprobar proyectos de inversión pública productivos, salvo en ciertos casos que no podían aplicarse en la mayoría de regiones del país. Es que los proyectos productivos son más difíciles de concebir y ejecutar. Demandan más tiempo, dinero y esfuerzo burocrático.
El modelo de economía de mercado no permitía la función tuitiva del Estado para generar la inclusión socioeconómica. Así, anteriores gobiernos transformaron la lucha contra la pobreza en un simple programa de asistencia social, con apoyo económico limitado, asistencia técnica y capacitación, y muchos diplomas y ceremonias (¡Viva el presidente¡). Ha llegado la hora de cambiar la gestión pública para la inclusión social productiva.
