Exfuncionarios de Petroperú en la cárcel
Perjudicaron al Estado por 4 millones de dólares, según la Contraloría
Un grupo de exfuncionarios de Petroperú fue sancionado con pena privativa de la libertad efectiva por el tráfico clandestino de combustible de avión que perjudicó al Estado en más de 4 millones de dólares, informó la Contraloría mediante un comunicado de prensa.
La sentencia fue dictada por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima, que impuso cuatro años de prisión efectiva a Carlos Alavedra Franco, exgerente de Comercialización de Petroperú; y tres años para Jaime Alberto Santillana Soto, exgerente del Departamento de Ventas de la misma empresa. Además, Carlos Ruiz Salomé, exjefe de la Unidad de Ventas Metropolitanas, que actualmente es supervisor de Unidades Privatizadas de la Unidad de Administración de Inmuebles.
La Contraloría explicó que durante las investigaciones, de 2002 a 2004, los exfuncionarios se coludieron con representantes de la empresa Business Oil Corporation S.A. para suscribir contratos que permitieron a esta última operar como distribuidora mayorista de combustible de avión Turbo Jet A-1, exonerado del pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), pese a que no contaba con los requisitos y a que presentó documentos falsos.
La institución indicó que con la firma del contrato se contravino la política de Petroperú.
Un grupo de exfuncionarios de Petroperú fue sancionado con pena privativa de la libertad efectiva por el tráfico clandestino de combustible de avión que perjudicó al Estado en más de 4 millones de dólares, informó la Contraloría mediante un comunicado de prensa.
La sentencia fue dictada por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima, que impuso cuatro años de prisión efectiva a Carlos Alavedra Franco, exgerente de Comercialización de Petroperú; y tres años para Jaime Alberto Santillana Soto, exgerente del Departamento de Ventas de la misma empresa. Además, Carlos Ruiz Salomé, exjefe de la Unidad de Ventas Metropolitanas, que actualmente es supervisor de Unidades Privatizadas de la Unidad de Administración de Inmuebles.La Contraloría explicó que durante las investigaciones, de 2002 a 2004, los exfuncionarios se coludieron con representantes de la empresa Business Oil Corporation S.A. para suscribir contratos que permitieron a esta última operar como distribuidora mayorista de combustible de avión Turbo Jet A-1, exonerado del pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), pese a que no contaba con los requisitos y a que presentó documentos falsos. La institución indicó que con la firma del contrato se contravino la política de Petroperú.
Fuente: El Peruano
