El pleno del Congreso aprobó la iniciativa legal que prohíbe la recopilación de los datos personales de los ciudadanos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
La disposición legal, aprobada por 76 votos a favor y 2 abstenciones, además de ser exonerada de la segunda votación, garantiza el derecho fundamental a la protección de los datos personales, que contempla la Carta Magna.
La norma crea la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la que está sujeta a la obligación de guardar confidencialidad sobre los mismos.
Precisa que la creación, modificación o cancelación de los bancos de datos personales de la administración pública y privada se sujetarán a lo que establezca el correspondiente reglamento, "salvo la existencia de disposiciones contenidas en otras leyes".
Considera, además, como una infracción leve dar acceso a datos personales sin el consentimiento de sus titulares.
También considera el no atender, impedir u obstaculizar los derechos del titular de los datos, y obstruir el ejercicio de la función fiscalizadora de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
Infracciones graves
Se consideran infracciones muy graves suministrar información falsa o incompleta a la autoridad encargada de la recopilación de los datos personales.
Al respecto, se prevé una multa que fluctuará entre las 50 y 100 unidades impositivas tributarias (UIT).
De igual manera, la propuesta legal aprobada indica que el titular y el encargado del banco de datos personales deberán realizar el flujo transfronterizo de los mismos, solo si el país destinatario mantiene niveles de protección adecuados.
Optimización de la gestión
Optimización de la gestión
El pleno del Congreso desestimó una iniciativa que proponía facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la labor de control de la administración tributaria.
Por otro lado, la representación nacional aprobó y exoneró de segunda votación una propuesta que busca optimizar la gestión de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
La referida disposición legal incluye a los gobiernos regionales que tienen deudas directas derivadas de préstamos otorgados con recursos del desactivado Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).
La norma permitirá a las empresas prestadoras consolidar, reestructurar, refinanciar y fraccionar sus deudas directas; y también capitalizarlas por contribución reembolsable.
