El gobierno quiere que WhatsApp, Telegram y otras apps de mensajería paguen la tasa de operadores


El gobierno acaba de presentar el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, una de las primeras medidas para el proyecto España Digital 2020-2025. Hay una serie de novedades con respecto a la ley de telecos de 2014 y una de las más llamativas es que los servicios de mensajería instantánea, como WhatsApp, Telegram, etc., pasan a ser considerados operadores y, por lo tanto, tendrán que pagar la correspondiente tasa.

El anteproyecto, cuya audiencia pública se dejará abierta un mes para hacer observaciones al texto, es algo confuso porque quedan muchos puntos por aclarar como, por ejemplo, cómo van a pagar WhatsApp o Telegram una tasa de operadores cuando estas apps no generan beneficios.

El anteproyecto de ley pasa a considerar a los servicios de mensajería como operadores, que se dividen en varios tipos. Por un lado, proveedores de servicio de Internet (Vodafone, Movistar...), los proveedores de comunicaciones interpersonales, divididos a su vez en con numeración y sin numeración (WhatsApp, Telegram...) y los servicios de transporte de señales o interconexión entre operadores.

De acuerdo al Roberto Sánchez, Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, WhatsApp y Telegram han "cambiado la forma en la que consumimos los servicios de comunicaciones". Que estos servicios pasen a ser consideradores operadores suponen que tienen que pagar la tasa contemplada en la Ley 9/2014. Esta establece lo siguiente:

"Todo operador estará obligado a satisfacer a la Administración General del Estado y sus organismos públicos una tasa anual que no podrá exceder el 1 por mil de sus ingresos brutos de explotación y que estará destinada a sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico establecido en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones".

Esto es exactamente lo que pide el gobierno, que estos servicios se tengan que registrar como operadores y paguen un euro por cada mil euros que facture en España si dicha facturación supera el millón de euros. Hay así dos puntos confusos: el primero, que aplicaciones como WhatsApp o Telegram no generan ingresos; el segundo, más confuso aún, cuánto tributan en España. El caso de WhatsApp es paradójico, porque WhatsApp es de Facebook, pero desde el gobierno han insistido en que la tasa se paga en función de lo que facture WhatsApp, no Facebook.

¿De dónde vienen los ingresos de WhatsApp en concepto de comunicaciones? Desde el gobierno responden que "cuando analicemos su presentación de resultados para poder aplicarle la tasa ya lo veremos. Que hoy un servicio sea gratis no significa que lo vaya a seguir siendo, quiero recordar que WhatsApp no siempre ha sido gratuito". En cuanto a esa presentación de resultados, Facebook tendría que "presentar una declaración de ingresos" de WhatsApp en España, Apple de iMessage en España, Telegram de Telegram en España, Microsoft de Skype en España, etc.

Esto mismo se aplica a servicios como el correo electrónico, que "siempre han sido considerados operadoras", así como a empresas como Apple, Google, Microsoft, que también son catalogados como operadores y "a partir de que se registran tienen que presentar una declaración de ingresos de su negocio de telecomunicaciones. Si supera un millón de euros tendrán que pagar el uno por cada mil". Por el momento no tiene el dato de cuántos operadores serán afectados por esta nueva regulación.

Dejando de lado la nueva consideración de las apps de mensajería, entre las novedades que contempla este anteproyecto de ley se encuentra un primer conjunto de medidas para reforzar la posición del usuario con el proveedor. Estos incluyen contratos más transparentes y legibles, herramientas que faciliten la comparación de ofertas, contratos de máximo de 24 meses, regulaciones de paquetes de servicios y accesibilidad a los contratos y otros servicios.

En lo referente a la portabilidad, se contempla la capacidad para desbloquear la tarjeta móvil, conservar el saldo prepago y conservar el número durante un mes después de cerrar el contrato. Ha habido palabras también para el 112, que ahora podrá usar la localización del móvil para geolocalizar al llamante, no solo las antenas.

Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales esperan poder llevar esta ley al parlamento a principios el año que viene y que esté "aprobada en el segundo trimestre de 2021 con posibilidad de llegar al tercer trimestre".


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