La vulneración del marco regulatorio ambiental, para favorecer discriminatoriamente a determinadas inversiones, no hace más competitivo al Perú. Expertos como Michael Porter, ya han señalado que "los estándares más fáciles de alcanzar, aunque tentadores, son contraproducentes".
Como ciudadanos nos preocupa la imposición de estos cuestionables decretos de urgencia, toda vez que contribuirán a exacerbar aún más los conflictos socioambientales en las diversas regiones del país, atentando contra la gobernabilidad en el Perú. Esto resulta particularmente delicado en un contexto en el que se carece de mecanismos institucionalizados de diálogo para canalizar los conflictos, y en el que tampoco existen mecanismos de supervisión ética de las inversiones.
Nos causa profunda preocupación, además, que tales medidas sienten un precedente negativo y luego se pretenda otorgar los mismos privilegios a otros proyectos del sector de las industrias extractivas, considerando los severos impactos ambientales y sociales que ello puede implicar, ante la pretendida fragilización de la regulación ambiental aplicable a diversos proyectos de inversión
Los alcances de los decretos de urgencia en cuestión harán más vulnerable al Perú frente a los efectos del cambio climático y serían muy graves para nuestra Amazonía, al incluirse en la exoneración de procedimientos administrativo ambientales a “las inversiones de energía de nuevas centrales hidroeléctricas”.
Instamos por ello al Congreso de la República a que proceda al control y derogación de estos decretos de urgencia, asumiendo que una democracia debe hacer uso de los sistemas de balance y contrapeso de poderes.
Instamos, así mismo, a la Defensoría del Pueblo, para que en el más breve plazo interponga ante el Tribunal Constitucional, la acción de inconstitucionalidad correspondiente, en defensa y garantía de la seguridad jurídica de todos los ciudadanos del Perú.