Pobladores de La Convención, a 460 kilómetros al sur de Lima, habían suspendido temporalmente el domingo la protesta durante la cual sabotearon instalaciones de un importante gasoducto y tomaron por unas horas como rehenes a dos guardias de seguridad del ducto.
"Acabo de conversar con el alcalde (de La Convención, Marco) Chalco y me acaba de ratificar que ha decidido suspender definitivamente su medida de fuerza", dijo el primer ministro Javier Velásquez desde la zona de conflicto, a donde viajó para sostener reuniones con los dirigentes del paro.
"En ese sentido estamos disponiendo el repliegue de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas", manifestó.
La protesta amenazaba con empañar el último año de Gobierno del segundo mandato del presidente Alan García, que ya ha sido golpeado por algunos brotes de violencia en torno a la explotación de la riqueza natural del país sudamericano.
Perú es uno de los mayores proveedores de metales del mundo y su creciente sector energético se ha convertido en un imán para importantes petroleras, como la brasileña Petrobras y la española Repsol-YPF.
Los manifestantes de La Convención en la región andina de Cusco temen que la recién iniciada exportación del gas produzca un desabastecimiento en el mercado local.
Pero el Gobierno afirma que la protesta, que se extendió a algunas zonas aledañas, tiene un trasfondo político de cara a las elecciones regionales de octubre, un barómetro clave para el comicio presidencial del 2011.
"En el país hay reservas de gas suficientes para cubrir toda la demanda interna", remarcó Velásquez a los pobladores.
El Gobierno ha afirmado que Perú cuenta con reservas de gas por hasta 18,5 TCF (billones de pies cúbicos), lo que según el presidente García -un ferviente promotor de la inversión extranjera- es suficiente para exportar y abastecer el mercado interno por unos 20 años.
Velásquez afirmó también que el Gobierno aprobará el martes un decreto supremo que levanta la "medida de emergencia" en Cusco, la cual daba más poder a las fuerzas del orden para velar por la seguridad en la zona de protesta.