En los últimos cincuenta años, en marco de los principios de la diversidad étnica y cultural y de la diferenciación positiva, se han dado importantes avances en el reconocimiento formal de derechos diferenciados para los pueblos del mundo, particularmente para los pueblos de América Latina y el Caribe, esto a través de la aprobación de múltiples instrumentos políticos y jurídicos y del establecimiento de importantes mecanismos institucionales para la promoción y protección de dichos derechos. El reconocimiento de estos derechos ha marcado hitos históricos en la relación de los pueblos y los Estados del mundo y de la región, aunque no necesariamente han sido relaciones amigables, porque es entendible que diseñar, definir e implementar políticas públicas de atención diferenciada para la diversidad étnica y cultural de los pueblos implica adecuación institucional, flexibilidad de mente y de conciencia, visión de los momentos históricos y del estado de avance de los derechos fundamentales colectivos e integrales.
Entre los instrumentos políticos y jurídicos vigentes que exigen a los Estados, a las instituciones públicas y privadas y a la sociedad en general acciones afirmativas y la implementación de políticas públicas construidas con y para los pueblos, podemos recordar entre otros:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por los pueblos organizados en las Naciones Unidas en 1948; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 27 estableció claramente los derechos diferenciados que les asisten a las minorías raciales, lingí¼ísticas, religiosas, políticas y culturales; el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en todo su contenido y alcance exige a los Estados la implementación de programas y proyectos que garanticen el derecho a la diferencia étnica y cultural de los pueblos.
La Convención de Lucha contra Toda Forma de Discriminación aprobada por las Naciones Unidas en la década de los setenta y la Convención para la Promoción y Protección de la Diversidad Cultural aprobada por la Asamblea General de la UNESCO en el 2005, son instrumentos jurídicos contundentes que obligan, especialmente a las instituciones públicas, a la implementación de programas que garanticen la promoción, el fortalecimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobado en 1989 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU aprobada por su Asamblea General en el año 2007, son instrumentos fundamentales para el diseño, la definición y la implementación de políticas y programas que garanticen los derechos que les asisten a los más de 5.000 pueblos indígenas que perviven en el mundo. En América Latina, a pesar de las políticas de sometimiento, de reduccionismo e integracionismo, perviven 670 pueblos indígenas; aproximadamente 150 millones de afroamericanos; comunidades del milenario pueblo Room o Gitano; y comunidades campesinas y urbanas —según datos de CELADE, organismo especializado en censos de la CEPAL—, que requieren de políticas públicas de atención diferenciada en el marco de los derechos a la diferencia que les asisten.
Dichos instrumentos no son ni pueden ser ajenos a las instituciones académicas, pues reconocen y garantizan derechos fundamentales, que a su vez son colectivos e integrales. Estos derechos deben ser garantizados a través de programas específicos y transversales de carácter institucional que permitan la producción de conocimientos desde el diálogo de saberes en el marco de la interculturalidad.
Desde la década de los setenta en América Latina y el Caribe se ha avanzado significativamente en la implementación de programas de educación intercultural bilingí¼e (EIB), tanto en el nivel de básica primaria, secundaría y de pregrado en algunas áreas de las ciencias humanas, los cuales han permitido avanzar en la construcción de sociedades incluyentes e interculturales.
A nivel de postgrados, se conoce como experiencia exitosa la Maestría en Educación Intercultural Bilingí¼e para los profesionales de los países andinos, impulsada a instancia de la Universidad San Simón (UMSS) de Cochabamba (Bolivia) con el apoyo tanto de la cooperación técnica y financiera del Gobierno alemán a través de la GTZ como de los Gobiernos de los países andinos. Hoy la Universidad sigue implementando el postgrado con recursos del presupuesto institucional. Dicho proceso ha permitido a través de la gestión de sus graduados fortalecer la política de la interculturalidad en cada uno de los países.
Otras de las experiencias exitosas de cobertura y proyección regional en la implementación de programas de formación académica a nivel de postgrados son los programas que viene implementando la Universidad Indígena Intercultural (UII) del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena). Dichos programas son aprobados por los 22 Gobiernos y organizaciones indígenas parte del Fondo Indígena y son implementados por una Red de centros académicos y universidades que forman parte de la Red UII a nivel de la región y de Europa. El proceso de implementación de los programas de la UII está abriendo caminos hacia la interculturalización de la educación superior.
La UII implementa postgrados a nivel de diplomados, especializaciones y maestrías sobre los siguientes temas: Maestría en Gestión de Salud Intercultural, Maestría en Gestión del Desarrollo con Identidad para el Buen Vivir-Vivir Bien Comunitario; Especialización en EIB; Diplomado en postítulos sobre Derechos Indígenas, Gobernabilidad y Políticas Públicas con Visión Indígena e Intercultural, Diplomado en Revitalización Lingí¼ística y Cultural y Postgrado en Fortalecimiento de los Derechos de las Mujeres Indígenas con énfasis en el derecho a la participación política. Dichos programas se implementan bajo la modalidad semipresencial a través de la Red UII y con la participación de profesionales indígenas y no indígenas de los diferentes pueblos y países de la región. El eje central y transversal de todos los programas de la UII es la Cátedra Indígena Itinerante (CII), la cual es orientada por un grupo de 30 sabios y sabias indígenas de la región.
Además de las dos experiencias antes descritas, existen otros esfuerzos puntuales en algunos países de la región impulsados por algunos centros académicos de educación superior que tratan de fomentar la política de la interculturalidad desde la academia para ayudar a construir sociedades interculturales entre los pueblos.
El gran reto que todos tenemos para seguir adelante en el impulso de la política intercultural, en el marco de los derechos diferenciados de lo pueblos, es la macropolítica de la globalización versus los derechos fundamentales, colectivos e integrales de Madre Tierra y de los pueblos. La política de la intercultural es un buen instrumento y estrategia para que en el mundo y en América Latina y el Caribe avancemos hacia la reconstrucción de la convivencia pacífica entre los pueblos.
UNESCO
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